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Riesgos legales en la búsqueda de la noticia:
Delitos civiles en la recopilación de noticias
Los periodistas que realizan reportajes en profundidad, reflexivos e importantes deben estar atentos a los riesgos que pueden acarrear responsabilidades penales y civiles.
Una buena regla general que conviene recordar es que los periodistas están sujetos a las mismas leyes que el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, los límites de velocidad se aplican al público en general.
Si detienen a un periodista por exceso de velocidad mientras se dirige a cubrir una noticia, no hay ninguna excepción para el periodista que intenta llegar al lugar de los hechos. Este artículo ofrece un resumen general de algunas actividades habituales de recopilación de noticias que podrían acarrear responsabilidad civil —allanamiento de morada, grabación sin consentimiento, invasión de la privacidad y publicación de información obtenida ilegalmente— y su posible impacto en el proceso de recopilación de noticias.
Allanamiento de morada
Se produce un allanamiento de morada cuando alguien se encuentra en una propiedad privada sin consentimiento.
Aunque esto pueda parecer sencillo, un periodista puede cometer un allanamiento sin darse cuenta.
As a general rule, don’t enter private property without consent, either from a property owner or from the person or entity that rents the private space.
Parece sencillo, ¿verdad? Pero la cosa puede complicarse.
La intrusión puede producirse en una propiedad pública o privada cuando una persona cuenta con autorización para estar allí, pero permanece en el recinto tras la retirada de dicha autorización. También puede constituir intrusión el hecho de exceder el alcance de la autorización. Entrar en una propiedad privada y realizar una grabación de audio o vídeo puede constituir intrusión si el periodista no revela su intención de grabar o recabar información para la elaboración de un reportaje. Entonces, si se descubre la grabación y se le pide a la persona que se marche, no hacerlo rápidamente podría dar lugar a responsabilidad por allanamiento.
También puede producirse un allanamiento si una persona tiene permiso para estar en la propiedad, pero solo en determinadas zonas. Un buen ejemplo de esto es un espacio en el que se permite la presencia del público, pero que es de propiedad privada, como una tienda.
Los clientes y el público pueden estar en la zona de ventas y otras áreas de atención al cliente; sin embargo, en el momento en que una persona entra en un espacio no destinado al público en general, como la sala de descanso de los empleados, eso podría constituir una intrusión. La vigilancia mediante medios audiovisuales también puede constituir una intrusión, como el uso de micrófonos de largo alcance o teleobjetivos para obtener un acceso que una persona no tendría de otro modo.
Entrar en una propiedad privada bajo falsos pretextos puede constituir una intrusión.
En un conocido caso mediático, Food Lion, Inc. contra Capital Cities/ABC, Inc., 194 F.3d 505 (4.º Cir. 1999), el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito dictaminó que una cadena de supermercados podía demandar por allanamiento después de que dos periodistas que trabajaban para la ABC mintieran en sus solicitudes de empleo para acceder a las instalaciones privadas de Food Lion. Los periodistas trabajaban en una investigación de la ABC en la que se alegaba que el departamento de carnicería de Food Lion exigía a los empleados que llevaran a cabo prácticas inseguras, insalubres o ilegales, como vender carne en mal estado que se había lavado con lejía para eliminar el olor, vender queso roído por ratas y trabajar fuera del horario registrado.
Para evitar una demanda por allanamiento, un periodista debe obtener consentimiento para estar en una propiedad privada. Sea honesto sobre el propósito de su presencia en la propiedad. Si el motivo de su presencia en la propiedad cambia, el periodista debe obtener consentimiento para el nuevo motivo. Y, por último, si el propietario o el ocupante le piden que abandone la propiedad, el periodista debe hacerlo rápidamente.
Y no hay que pasar por alto la posibilidad de la intrusión en propiedad privada en nuestro mundo virtual. Otros posibles casos de intrusión son:
- Escuchar un mensaje de buzón de voz a través del sistema de una empresa privada (por ejemplo, cuando una fuente le da a un periodista la contraseña del sistema de buzón de voz);
- Acceder a un sitio web que está cerrado, pero el periodista tiene un código para acceder al sitio;
- Eludir (hackear) cualquier medida antielusión para acceder a información electrónica.
Grabación de llamadas y comunicaciones presenciales
La grabación de audio de otra persona sin su conocimiento ni consentimiento es ilegal en la mayoría de los estados.
Las circunstancias en las que la grabación es ilegal varían de un estado a otro: algunos estados exigen el consentimiento de todas las personas que son grabadas, otros solo el de dos personas y otros solo el de una de las personas que participan en la conversación.
El análisis se complica cuando la conversación tiene lugar entre personas de dos o más estados, ya que pueden aplicarse dos leyes diferentes al mismo tiempo.
Una buena práctica es seguir la normativa del estado más restrictivo o, si no sabes cuál es, asegurarte de que todas las personas implicadas den su consentimiento para la grabación.
Antes de grabar, infórmate de los requisitos de la legislación estatal del estado o estados en los que vas a realizar las entrevistas. Aunque creas que puedes grabar sin consentimiento, obtenerlo nunca es una mala idea.
Violación de la intimidad y divulgación de datos privados
El hecho de informar sobre un asunto de interés público no exime de responsabilidad a un periodista cuando el protagonista o participante de una noticia considera que se ha vulnerado su intimidad: dicha persona podría interponer una demanda por violación de la intimidad (por intrusión) o por divulgación de datos privados.
Un periodista que invada intencionadamente, física o de cualquier otra forma, la privacidad de otra persona o sus asuntos privados puede incurrir en responsabilidad si la intrusión resulta altamente ofensiva para una persona razonable.
Los tribunales suelen sopesar el derecho del público a la información frente a los intereses de privacidad del individuo, trazando una línea en la que la información divulgada deja de ser relevante para la noticia de interés periodístico. Estas demandas también pueden centrarse no solo en lo que se informó, sino en cómo se llevó a cabo la recopilación de noticias: el propio método de investigación puede considerarse ofensivo.
Estas reclamaciones pueden surgir incluso cuando los hechos parecen tener lugar en un entorno que parece ser público. Por ejemplo, en el caso Shulman contra Group W Productions, Inc., un caso de California de 1998, un tribunal falló en contra de un reportero que cubría un accidente de tráfico. En ese caso, el periodista tomó fotos de una mujer y su hijo mientras eran rescatados de un coche que había sufrido un grave accidente y mientras eran trasladados en un helicóptero médico.
Si bien se consideró admisible que el periodista observara los acontecimientos desde el arcén de la carretera, lo que observó (y grabó) dentro del helicóptero se consideró una intromisión potencialmente indebida. (Se trata de una cuestión distinta a la divulgación de hechos privados en los que la información pudiera verse desde el arcén de la carretera en un entorno público). Una cuestión relacionada en el caso Shulman fue la publicación de fotos de las víctimas recibiendo atención médica, lo que el tribunal consideró muy ofensivo.
El uso de la tecnología puede dar lugar a este tipo de reclamaciones. Equipos como cámaras ocultas, micrófonos inalámbricos y direccionales en miniatura y drones son potentes herramientas de investigación para la recopilación de noticias, pero también pueden utilizarse de formas que susciten preocupaciones en materia de privacidad personal.
En la actualidad, 13 estados prohíben la instalación o el uso no autorizado de cámaras en lugares privados. El uso de cámaras en lugares privados, como baños, habitaciones de hospital y vestuarios, podría dar lugar a una reclamación por violación de la privacidad, ya que se trata de espacios en los que las personas esperan gozar de privacidad.
Del mismo modo, algunos estados cuentan con leyes contra el acoso y otras similares, como la ley contra los paparazzi de California, que pueden limitar la capacidad de un periodista para grabar o tomar fotos si el sujeto percibe las acciones del periodista como acoso.
Contactar repetidamente a un sujeto para solicitarle comentarios puede percibirse como una violación de una ley contra el acoso. Sin embargo, esas leyes pueden entrar en conflicto con la Primera Enmienda. Por ejemplo, en el caso ACLU contra Álvarez, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito invalidó una ley sobre escuchas ilegales tras concluir que dicha ley, que prohibía toda grabación de audio de cualquier comunicación oral sin el consentimiento de las partes, independientemente de si la comunicación era o pretendía ser privada, violaba la Primera Enmienda.
Información obtenida ilegalmente
He aquí otro giro: el periodista obtiene información basada en acciones ilegales de otra persona.
¿Significa eso que un periodista que publique información obtenida ilegalmente puede incurrir en responsabilidad?
En general, un periodista puede publicar información que un tercero haya obtenido ilegalmente si el periodista no participó en el acto ilegal original y el asunto es de interés público. El caso más destacado al respecto es Bartnicki contra Vopper.
En él, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que la Primera Enmienda protegía la divulgación de parte de una conversación telefónica obtenida ilegalmente como parte de un debate sobre unas controvertidas negociaciones sindicales. El Tribunal Supremo sostuvo que, si bien existe un interés en disuadir la interceptación ilegal de comunicaciones, la ley no podía extenderse para castigar a terceros, por lo demás inocentes, por publicar la información.
Un factor fundamental es el interés público que suscita la publicación de la información. Un periodista debe valorar qué parte de la información es necesaria y si parte de ella es relevante para ese asunto de interés público.
Por ejemplo, en el caso Pierre-Paul contra ESPN Inc., ESPN hizo públicos los historiales médicos privados del jugador de fútbol americano Jason Pierre-Paul sobre su estado de salud, tras la lesión que sufrió en la mano en un accidente con fuegos artificiales. Los historiales médicos no eran de dominio público, ni Pierre-Paul había dado su consentimiento para su uso. Aunque ESPN intentó argumentar que el estado de salud de Pierre-Paul era un asunto de legítimo interés público, el tribunal consideró que los límites a la divulgación de datos privados se basan en la «decencia común», que debe tener en cuenta los sentimientos de la persona y el daño que le causará la exposición pública.
Los periodistas pueden incluso incurrir en responsabilidad si realizan acciones que fomenten la actividad ilegal, como animar o pagar a alguien para que robe información privada, incumpla un contrato o incumpla un deber fiduciario. Es probable que un periodista se enfrente a un escrutinio minucioso si la información es de un tipo que no suele estar a disposición del público, como el acceso a expedientes judiciales sellados, historiales médicos, documentos gubernamentales clasificados y secretos comerciales.
Un periodista debe tener en cuenta estos delitos civiles a la hora de recabar información. Antes de emprender acciones que puedan dar lugar a una demanda civil, el periodista deberá sopesar cuidadosamente el riesgo de un pleito frente al interés fundamental que subyace a su labor de recopilación de información.